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Regionalistas Verdes piden no debilitar ley de incendios forestales y reforzar obligaciones preventivas

Bombero en terreno durante un incendio forestal, imagen referencial

La Federación Regionalista Verde Social de La Araucanía manifestó su preocupación ante el anuncio del Gobierno de presentar un veto sustitutivo al proyecto de ley de prevención y mitigación de incendios forestales, y llamó a mantener exigencias preventivas para proteger a las comunidades.

La colectividad advirtió que las eventuales modificaciones no deben debilitar las obligaciones de prevención por presiones de sectores económicos. «La seguridad de las comunidades debe estar por sobre cualquier interés particular», señalaron sus dirigentes.

Cortafuegos y fiscalización

Desde la organización plantearon la necesidad de establecer cortafuegos obligatorios y zonas de protección tanto en ciudades como en localidades rurales. Asimismo, pidieron mayores responsabilidades para las grandes empresas forestales en la limpieza de vegetación combustible y el manejo preventivo de sus plantaciones.

«Quienes obtienen beneficios económicos de la actividad forestal también deben hacerse responsables de sus riesgos», afirmaron.

Los regionalistas también solicitaron fortalecer las facultades fiscalizadoras de CONAF y disponer de mecanismos efectivos para inspeccionar el cumplimiento de los planes preventivos. «No sirven los planes de prevención si nadie verifica su cumplimiento. Necesitamos instituciones con atribuciones reales para actuar antes de que ocurran tragedias», sostuvieron.

Apoyo para pequeños agricultores y municipios

La colectividad insistió en diferenciar las obligaciones de las grandes empresas forestales de aquellas que recaen sobre pequeños agricultores, quienes —a su juicio— deben contar con apoyo técnico y financiero del Estado.

También solicitó recursos suficientes para que municipios y gobiernos regionales puedan ejecutar cortafuegos y obras de mitigación, especialmente en territorios expuestos a incendios durante la temporada estival.

Finalmente, emplazaron al Ejecutivo a transparentar las modificaciones propuestas al proyecto y evitar retrocesos en la protección de las comunidades, el bosque nativo y las fuentes de agua.

«La Araucanía no puede seguir enfrentando cada verano las mismas amenazas. Chile necesita una ley que prevenga, fiscalice y proteja, no una legislación debilitada para favorecer intereses económicos», concluyeron.

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