El proyecto de ley busca endurecer las sanciones contra el robo en zonas rurales, proteger la producción agropecuaria y resguardar la cadena de suministro.
Durante esta jornada la bancada de senadores contra delitos y crimen organizado en zonas rurales, presentaron un proyecto de ley que pretende fortalecer la seguridad en zonas rurales y garantizar la continuidad de la producción agropecuaria. La iniciativa contempla endurecer las penas contra el robo de bienes agrícolas, maquinaria y ataques a transporte de carga, estableciendo nuevas agravantes en el Código Penal. Además, introduce sanciones severas al comercio ilegal de bienes sustraídos.
Un panorama alarmante: Sondeo de la SNA
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) publicó un preocupante estudio sobre el impacto del robo en el sector. Según el “Primer Barómetro de Robo Agrícola”, el 78% de los agricultores declaró haber sido víctima de este delito en el último año, con pérdidas que alcanzan los US$ 380,6 millones. Además, el 40% de los casos ocurrieron tres o más veces en una misma empresa, afectando especialmente a grandes y medianas explotaciones.
Al respecto, la senadora Carmen Aravena destacó la urgencia de avanzar en proyectos de ley que protejan a los agricultores del sur, afectados por la violencia y la inseguridad en sus terrenos. Según la parlamentaria, la situación es insostenible y requiere acciones inmediatas del Estado.
«La verdad es que la macrozona sur y especialmente La Araucanía hemos vivido esta situación de manera horrorosa, así que por supuesto que nosotros teníamos que sumarnos a esta tremenda idea que hoy día nos tiene a todos unidos trabajando para sacar estos proyectos adelante. No es que sean llorones los agricultores, tienen miedo. La situación es muy difícil en el campo: no hay luz, hay situaciones de conectividad compleja, pero por sobre todo hay una situación de indefensión tremenda», afirmó.
Principales medidas del proyecto
Entre las modificaciones planteadas, destacan la ampliación del concepto de abigeato a «delitos contra la producción agrícola y ganadera» y la creación de agravantes para delitos cometidos en zonas rurales. También se incorpora el comiso obligatorio de vehículos e instrumentos utilizados en los robos y la aplicación de técnicas especiales de investigación en casos sistemáticos.
Impacto en la seguridad y la economía
Con pérdidas que superan los $16.199 millones en insumos, maquinaria e instalaciones eléctricas, el robo rural se ha convertido en una amenaza para la economía y el abastecimiento. Proteger la producción local no solo beneficia a los agricultores, sino también a la seguridad alimentaria del país.
Además, Aravena recalcó la necesidad de garantizar la seguridad de quienes producen los alimentos en Chile y recordó casos recientes que reflejan la gravedad del problema. «Hoy día, cuando queremos que la gente permanezca en el campo, le decimos que se las arregle como pueda. Así fue la situación del matrimonio que falleció en Graneros, pero esa historia se cuenta muchas veces en estas regiones del sur, donde todavía creen que vale la pena seguir produciendo los alimentos para Chile. Hoy día Chile tiene que proteger ese estilo de vida»
“Esperamos que no sea solo un anuncio, sino que sea algo concreto, en la medida que el gobierno apoye esta iniciativa”, concluyó la parlamentaria republicana desde el Senado.
