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Caso Convenios: Mauricio Ojeda regresa a prisión preventiva tras apelación del Ministerio Público

La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió revocar la medida de arresto domiciliario total y ordenó el regreso a prisión preventiva del diputado desaforado Mauricio Ojeda Rebolledo, en el marco del llamado Caso Convenios.

Según radiouniversal.cl, la decisión fue adoptada tras acoger las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y el Gobierno Regional de La Araucanía, quienes argumentaron que la gravedad de los delitos imputados, junto con el riesgo de entorpecimiento de la investigación, justificaban el retorno del imputado a la cárcel.

Ojeda enfrenta cargos por fraude al fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos, vinculados a la malversación de más de $730 millones de pesos destinados a capacitaciones para mujeres de escasos recursos en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, capacitaciones que, según la investigación, nunca se realizaron.

El parlamentario había sido beneficiado el pasado 2 de abril con una modificación de su medida cautelar, permitiéndole cumplir arresto domiciliario total. Sin embargo, la Corte consideró insuficiente esta medida y ordenó su reingreso a prisión preventiva.

Arista “manicure” y Fundación Folab

Según la Fiscalía, Ojeda habría tenido un rol activo en la gestión financiera de la Fundación Folab, dirigida por su cercana Rinett Ortiz, entidad que recibió millonarios aportes públicos destinados a cursos de peluquería, manicura y masoterapia.

La investigación revela que el diputado habría gestionado créditos por $70 millones para asegurar liquidez a la fundación, además de sostener conversaciones con el entonces jefe de gabinete de la Gobernación de La Araucanía, Juan Pablo Leonelli, respecto a los aportes estatales entregados.

En lugar de ser utilizados para las capacitaciones prometidas, los recursos habrían sido desviados al pago de deudas y otros fines no autorizados, configurando un presunto uso fraudulento de fondos públicos.

El caso continúa bajo investigación y se suma a una serie de procesos judiciales abiertos a lo largo del país por el uso irregular de convenios entre fundaciones y organismos del Estado.

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