El Parlamentario Mallequino denunció que ocho familias que enfrentaron la emergencia forestal de 2023 continúan sin recibir el beneficio comprometido por el Estado.
El diputado por el Distrito 22, Juan Carlos Beltrán Silva, ofició a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres y al subsecretario del Interior, Víctor Ramos Muñoz, para solicitar la gestión inmediata del pago del Bono de Emergencia adeudado a ocho familias de Purén que resultaron damnificadas por los incendios forestales del año 2023.
Según la denuncia presentada por el alcalde de Purén, Frann Barbieri Fernández, las familias continúan sin recibir el beneficio comprometido, pese al tiempo transcurrido desde la catástrofe, razón por la que el Parlamentario Mallequino adjuntó los antecedentes entregados por el jefe comunal y manifestó preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los afectados.
En ese sentido, el diputado Beltrán indicó que de acuerdo con la información expuesta, los damnificados mantienen deudas relacionadas con arriendos y otros compromisos adquiridos durante el proceso de transición posterior al incendio, por lo que la falta de pago del Bono de Emergencia ha agravado las dificultades económicas de los vecinos, quienes aún esperan una respuesta por parte de los organismos competentes.
En su oficio, solicitó que se revise detalladamente la situación de cada familia, con el objetivo de asegurar que reciban el apoyo comprometido por el Estado y que no continúen enfrentando la emergencia sin respaldo institucional.
Durante la discusión del Presupuesto 2026 en el Congreso Nacional, Beltrán reiteró la urgencia del tema y en su intervención expresó que “con sentido de urgencia, no podemos olvidar a los vecinos de Purén. Desde los incendios de 2023 siguen esperando respuesta por los subsidios de emergencia, y esa demora es inaceptable. Por eso he exigido claridad y soluciones y seguiré insistiendo hasta que estas familias reciban lo que corresponde.”
Finalmente Juan Carlos Beltrán insistió en que “el Estado debe cumplir los compromisos adquiridos con los damnificados y evitar que continúen en una situación de incertidumbre económica y social, más aun tratándose de familias que perdieron bienes, viviendas y estabilidad tras la emergencia de 2023”.
